por Pedro Ramírez
De no haber sido por su rol en el pago de $17 mil millones por parte del Serviu a Kodama, nadie habría reparado en que hace sólo cuatro años el abogado Álvaro Baeza fue el actor principal de otro cuestionado acuerdo legal. Asesoró a los canteros de Colina para evitar que les arrebataran sus pertenencias mineras en Chicureo. Un acuerdo negociado por él, terminó con los artesanos perdiendo su patrimonio y sin recibir un peso; permitió a las inmobiliarias construir sus condominios y Baeza obtuvo $800 millones y se quedó con el negocio de las canteras.
El abogado Álvaro Baeza es uno de los protagonistas clave del cuestionado pago por $17 mil millones que hizo el Ministerio de Vivienda a la empresa constructora Kodama. Un pago detenido mientras dura la investigación de la Contraloría, a la que ahora se sumó otra indagatoria del Ministerio Público. Así se desprende de la entrevista que le concedió a CIPER el director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart, quien aseguró que la cancelación de esa cifra fue fruto de una negociación que partió en agosto del año pasado y que en ella siempre participó, en representación de la ministra de la Vivienda Magdalena Matte, el abogado Baeza Guiñez. Por lo mismo, Llompart asegura que la ministra debió estar al tanto de los detalles del conflicto con Kodama y que probablemente por esa razón firmó sin expresar inconveniente alguno el decreto Nº 8 de este año, en que ordenó el pago, equivalente a unos US$ 34 millones.
Magdalena Matte, en entrevista concedida a El Mostrador el miércoles 6, confirmó que Baeza era de su entera confianza, pues el abogado trabajaba para su empresa privada (Dimar) y ella le pidió que la asesorara en el ministerio. Y una de las tareas que le encomendó fue hacerse cargo del problema con Kodama.
Llompart aseguró a CIPER que Baeza se integró al equipo que analizó las reclamaciones de Kodama. La empresa había construido el corredor del Transantiago de Pedro Aguirre Cerda, contrato que se adjudicó por licitación en 2006. Los trabajos debían durar 300 días y Kodama cobraría cerca de $25.567 millones. No obstante, la obra se extendió por más de mil días, según Llompart, por mala administración del Serviu, entidad que no entregó a tiempo terrenos que se debían expropiar. A ello se agregó que el puente de ferrocarril que incluía la obra debió diseñarse de nuevo, sobre la marcha, porque la Empresa de Ferrocarriles del Estado rechazó el proyecto original. Kodama exigió el pagó por mayores gastos generales, debido al extenso retraso, y cifró su reclamación en $ 17.000 millones, basada en un informe que solicitó al Dictuc de la Universidad Católica.
