por Patricio Herman (CIPER CHILE)
La LOCE, publicada el día anterior al fin del régimen de Pinochet en 1990, determinó
que las universidades privadas sólo pueden ser corporaciones y serían
regidas únicamente por el Ministerio de Educación, en abierta
contradicción con la legalidad que rige a todo el resto de esas
instituciones obligadas a entregar sus cuentas al Ministerio de
Justicia, que acredita que no tienen fines de lucro. El autor rescata
esa normativa y plantea que quienes fueron cómplices del lucro de las
universidades deben dar explicaciones y cómo deben funcionar una vez que
se sancione el fin del negocio de la educación.
En 1981, durante la
dictadura militar de Pinochet, a través de ciertas disposiciones se
estableció que las nuevas y competitivas universidades obligatoriamente
tenían que ser fundaciones o corporaciones de derecho privado.
Aunque el lector no lo crea, en aquel entonces se decía que dichas
universidades gozarían de personalidad jurídica por el simple hecho de
depositarse en la División de Educación Superior del Ministerio de
Educación una copia de la escritura pública en que constara el acta de
constitución y los estatutos por los cuales se regiría
Enseguida, en marzo de 1990, la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza (LOCE) instituyó que tales casas de estudios superiores solo
podían ser corporaciones, dejando la posibilidad que continuaran como
tales las fundaciones de la Universidad Gabriela Mistral, la
Universidad Bernardo O’Higgins, ambas muy ligadas a ese régimen, y otras
pocas hoy inexistentes.
Todos sabemos que las personas jurídicas denominadas fundaciones y corporaciones
son autorizadas y fiscalizadas por el Ministerio de Justicia y el
Consejo de Defensa del Estado interviene en la tramitación de sus
solicitudes de aprobación, las que en todo caso deben ser publicadas en
el Diario Oficial. Estas personas jurídicas no se pueden vender ni
traspasar y, de acuerdo al Código Civil, no pueden perseguir fines
materiales, sino tan solo objetivos ideales, tales como la cultura, la
educación, la religión, etc.
En las escrituras de tales personas jurídicas -fundaciones y corporaciones-
se señala que su asamblea (compuesta por los socios activos que eligen
el directorio, la comisión revisora de cuentas y el tribunal de
disciplina), debe estar integrada por personas naturales o personas
jurídicas sin fines de lucro, que es lo que ha existido en nuestro país
desde hace más de 150 años.
Ahora bien, y yendo al fondo de nuestro planteamiento, lo novedoso es
que la LOCE, publicada el día anterior del término del gobierno de
Pinochet, al disponer que las universidades privadas sólo pueden ser corporaciones,
también dijo, en nuestra opinión en forma inconcebible y acomodaticia,
que van a estar regidas únicamente por el Ministerio de Educación. Quien
ejercía el cargo de ministro el 10 de marzo de 1990 era René Salamé,
uno de los actuales dueños de la Universidad Mayor, siendo Ricardo Lagos
su sucesor a partir del 11 de marzo de 1990.
El
Ministerio de Educación, desatendiendo a don Andrés Bello, ha dicho que
esa asamblea puede estar integrada por personas naturales o jurídicas
que persigan fines de lucro. Entonces ocurre que los socios activos de
las corporaciones universitarias son diversas sociedades
comerciales o inmobiliarias, vulnerándose abiertamente así la sana
doctrina fijada en el Código Civil y por la institucionalidad chilena.
Como vemos, el díscolo Ministerio de Educación ha ido elaborando una
doctrina totalmente distinta de lo establecido por el Código Civil y por
el Ministerio de Justicia para las corporaciones.
Recordemos que, por un período de tiempo, bajo el actual gobierno
ejerció ese cargo público un político que era socio, y posiblemente lo
sigue siendo, de una sociedad inmobiliaria que obtuvo lucro arrendándole
uno de sus inmuebles a la Universidad del Desarrollo. Tampoco podemos
olvidar que en el dolo de la becas Valech, detectado en el gobierno de
Bachelet, intervinieron, coludidos, altos funcionarios del Ministerio de
Educación con autoridades de la muy privada Universidad UNIACC.
En Chile, país que curiosamente es miembro de la muy seria y
conspicua OCDE, se ha llegado a un escenario fantasmagórico: mientras el
Ministerio de Justicia establece que los directores de las corporaciones no pueden recibir retribuciones económicas, el Ministerio de Educación dice lo contrario. Si en una corporación
regida por el Ministerio de Justicia, como en rigor corresponde, se
contraviene alguna de las disposiciones de esas personas jurídicas sin
fines de lucro, entra a tallar el Consejo de Defensa del Estado en
resguardo del cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho.
Las universidades privadas, por ser corporaciones, están
exentas del impuesto a la renta y del IVA. En varias de ellas las
inmobiliarias succionan las utilidades, vía arriendo de edificios, en
otras son los familiares de los dueños quienes por la vía de contratos
de servicios u otras figuras retiran las utilidades y con esta
simulación, tolerada por todos los que han ejercido el poder político,
se configura el fraude.
Toda la clase dirigente sabe lo que estamos afirmando y por ello
sería interesante conocer ahora la opinión del actual ministro de
Educación respecto del momento que estamos viviendo. La opinión pública
tiene el deber de estar al tanto de lo acontecido después de la LOCE y
espera conocer las explicaciones de aquellos que han ejercido el cargo
de ministro de Educación durante los 20 años de la Concertación.
Dos ministras eran dueñas de colegios particulares subvencionados y
ambas, especialistas en el tema, no hicieron nada para revertir lo que
acontecía con el lucro mal habido en las universidades privadas. Los
estudiantes, quienes con sus intensivas marchas pusieron en el tapete
público este escándalo, esperan las explicaciones de todos aquellos que
han tenido responsabilidades en el aparato público.
El ministro Bulnes, arrinconado por las evidencias de los millonarios
fraudes cometidos, ha dicho que bajo su administración se empezará a
fiscalizar para que las ganancias que tengan las universidades privadas
sean efectivamente reinvertidas en las actividades propias, es decir,
pedagógicas, de esas corporaciones hasta ahora muy lucrativas.
Desde
esta tribuna le señalamos al ministro que tal fiscalización es
innecesaria ya que solo basta la modificación precisa para que las corporaciones
universitarias estén bajo la tutela y control del Ministerio de
Justicia y del Consejo de Defensa del Estado. Si ello ocurre, ninguna de
estas universidades privadas se va a atrever a cometer las trampas que
la periodista María Olivia Monckeberg denunció años atrás con lujo de
detalles, sin que nadie se diera por aludido. Todos miraron para el lado
porque este negocio era muy bueno. Lo mismo sucedió con los derivados
financieros que ocasionaron en el 2008 la crisis hipotecaria subprime en
EE.UU.: como todos ganaban a raudales, todos enmudecieron a sabiendas
del timo.
El gobierno de Piñera ha anunciado que está dispuesto a reunirse con
los dirigentes estudiantiles en La Moneda, lo que es necesario para
resolver en debida forma las legítimas demandas de una ciudadanía joven
cada día más consciente que Chile puede llegar al desarrollo sólo si se
cuenta con una educación igualitaria de calidad y erradicándose los
ardides en la estructura de nuestra institucionalidad.
Finalmente, estamos de acuerdo en que existan universidades privadas
con fines de lucro porque hay mercado para ellas y porque nuestro país
es un devoto del sistema neoliberal llevado al extremo. Estas
universidades deberían estar constituidas como sociedades privadas,
tales como anónimas abiertas o cerradas, colectivas, de responsabilidad
limitada u otras, pero no deberán estar exentas del impuesto a la renta,
ya que sus socios u organizadores han ingresado al giro educacional
estimando que obtendrán utilidades.
Asimismo, estas universidades no deberían recibir aportes del Estado y
obviamente no tendrán las restricciones respecto a las inhabilidades
para contratar profesores, directivos o administrativos. En estas
universidades mercantiles debería operar la libertad más absoluta y
nadie podría exigir ningún tipo de regulación, tal como le gusta a
quienes concentran la riqueza en Chile. Luego, los alumnos que dispongan
del dinero suficiente para pagar sus aranceles no podrán reclamarle al
Estado por sus eventuales insatisfacciones que tengan mientras allí
estudien.
Extraido de CIPER CHILE
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